Reino Unido crea una unidad para reinternalizar servicios públicos externalizados
El gobierno británico montó una unidad en la Oficina del Primer Ministro y el Gabinete para devolver al control público servicios hoy en manos de contratistas.
El gobierno británico anunció el 28 de septiembre de 2026 la creación de una unidad dentro de la Oficina del Primer Ministro y el Gabinete encargada de coordinar el retorno de servicios externalizados al control público. La meta declarada es la mayor ola de insourcing en una generación.
El instrumento: el Public Interest Test
El mecanismo central es el Public Interest Test, aplicable a los contratos de servicio del gobierno central con valor de un millón de libras o más. Obliga a los departamentos a evaluar factores que van más allá del costo, entre ellos la calidad del servicio y el valor público entregado. En la práctica, incorpora al pliego una comparación explícita entre contratar afuera y construir capacidad interna.
El contrato de gestión de edificios del Cabinet Office, que cubre limpieza y seguridad, figura como candidato temprano a reinternalización cuando expire en 2028.
El caso que sirve de argumento
La discusión llega marcada por la administración de pensiones del servicio civil. Capita ganó en noviembre de 2023 un contrato de siete años por 239 millones de libras y asumió la operación en diciembre de 2025, tras MyCSP, cuyo esquema previo costó 238 millones desde 2016. La transición dejó un sitio web con fallas y a antiguos funcionarios sin acceso a su información de pensión.
Un ministro reconoció que ese contrato podría convertirse eventualmente en candidato a reinternalización, con una advertencia práctica: una operación de pensiones compleja no se reemplaza de un día para otro. El acuerdo con Capita corre hasta diciembre de 2032, con una extensión opcional de tres años.
Lectura para República Dominicana y América Latina
La señal para el mercado de servicios gestionados es que la evaluación vuelve a incluir la capacidad interna del Estado como alternativa real, y que el criterio de calidad entra al proceso con peso propio frente al precio. Varios gobiernos de la región han externalizado plataformas críticas —nómina, recaudación, identidad digital, mesas de servicio— bajo esquemas plurianuales donde el conocimiento operativo migró al proveedor.
El punto accionable para instituciones dominicanas está en la cláusula de salida y en la documentación de procesos: reinternalizar una operación compleja toma años, y la ventana para decidirlo se abre cuando el contrato entra en su último tercio, no cuando ya venció. Conviene revisar hoy qué contratos superan el umbral equivalente al millón de libras, qué documentación de procesos existe del lado del Estado y qué costaría sostener el servicio sin el contratista actual. Esa respuesta define el poder de negociación en la próxima renovación.
Fuente: The Register, 28 de septiembre de 2026.