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Iniciada en un parque, la lucha de un grupo de padres de Barcelona por retrasar a los 16 años el acceso de sus hijos a los teléfonos móviles fue clave para llamar la atención del gobierno español, que ahora busca prohibir su uso en las escuelas.

Una tarde de finales de septiembre, mientras sus hijos jugaban, un grupo de madres compartieron sus inquietudes sobre los efectos nocivos de las pantallas y la presión implícita a la que muchas familias se ven sometidas cuando los menores comienzan a cursar educación secundaria (12 años) para comprarles el primer celular.

Con la intención de luchar contra esa inercia y conversar con otros padres del barrio, Elisabet García creó un grupo de WhatsApp al que bautizaron «Poblenou Adolescencia Libre de Móvil», que a las pocas semanas ya superaba el millar de miembros.

El crecimiento fue exponencial y enseguida surgieron nuevos grupos en otros barrios y ciudades que ahora se aglutinan en un canal de Telegram que reúne a más de 10.000 personas.

«Fue muy bestia, es como una revolución popular espectacular», recuerda María del Mont Llosas, una de las portavoces de Adolescencia Libre de Móviles.

«Pero lo que muestra realmente de una manera inequívoca es la extrema preocupación que ya había en las familias», agrega esta psicóloga y madre de una niña de 11 años que, pese a vivir en otro barrio, acudió a la primera reunión presencial del grupo, animada porque al fin se tratara un tema que llevaba años inquietándole.

«Pacto social»

Más de un 20% de los niños españoles de diez años dispone de teléfono móvil, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2023. Esta cifra se dispara a más del 70% cuando se llega a los 12 años, y supera ya el 90% en los 14 y 15 años.

«La inmensa mayoría de niños de secundaria, en el paso a Primero [de secundaria] ya les dan el móvil […], y queremos revertir esta dinámica», subraya Llosas.

«Si hacemos un pacto social en el que todas las personas que estamos de acuerdo decidimos que no vamos a dar el móvil a nuestro hijo, ya no será el único niño o niña de la clase que no va a tener», explica.

El movimiento de Barcelona no es único y, casi al mismo tiempo otras dos madres y profesoras de regiones diferentes comenzaron a reunir firmas para pedir una ley que prohíba el uso de celulares a menores de 16 años. Su iniciativa, que registraron en el Congreso a finales de noviembre, acumula ya más de 75.000 firmas en la plataforma digital change.org.

Aunque el gobierno de izquierdas descartó inicialmente una medida así -que supondría, según la ministra de Educación, Pilar Alegría, «poner puertas al campo»-, en las últimas semanas intensificó sus movimientos para abordar el tema.

El miércoles, la ministra se reunió con los representantes de las regiones, que tienen la mayoría de competencias en Educación, para tratar de consensuar una regulación a escala nacional, como ya hicieron o anunciaron anteriormente Francia, Holanda o Nueva Zelanda.

«Epidemia»

El gobierno propuso a las regiones -muchas de ellas ya con limitaciones implementadas o en proceso- un «uso cero» de celulares en educación primaria, y que en secundaria solo se permita para casos concretos pautados por los profesores.

«No podemos permanecer impasibles ante una inquietud de la sociedad», afirmó la ministra el miércoles en la red social X.

No todos los padres, sin embargo, son partidarios de prohibir los móviles en las escuelas, y la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA) emitió un comunicado a mediados de enero en el que pedía no «criminalizar» el uso de estas tecnologías, sino trabajar para «educar al alumnado para hacer un buen uso».

La cuestión, así como el temprano acceso a la pornografía, preocupa al gobierno de Pedro Sánchez, quien esta semana anunció la creación de un comité de expertos para «diseñar una estrategia de país que promueva un entorno digital seguro para las niñas, niños y adolescentes». En el mismo sentido, pretende implementar antes del verano un sistema de verificación de edad.

«Uno de cada cuatro jóvenes de menos de 12 años y casi la mitad de los menores de 15 años han tenido o tienen acceso y consumen pornografía, y las consecuencias son potencialmente devastadoras», afirmó el lunes Sánchez, que calificó el fenómeno de «una auténtica epidemia».

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