Costa Rica: piden sustento técnico al nuevo canon por uso de frecuencias de radio y televisión

El Instituto de Libertad de Expresión reclama criterios verificables para el canon aprobado en primer debate, que fija hasta 7.73% sobre los ingresos de los concesionarios de espectro.

El Instituto de Libertad de Expresión de Costa Rica reclamó el 31 de agosto de 2026 criterios técnicos verificables para el nuevo canon por uso de frecuencias de radio y televisión, aprobado en primer debate por la Asamblea Legislativa. La normativa fija un cobro que alcanza hasta 7.73% sobre los ingresos de los concesionarios de espectro.

El punto de la discusión

La organización sostiene que la actualización tarifaria debe apoyarse en un estudio de valoración del espectro con metodología pública, y no en una fórmula porcentual aplicada sobre ingresos brutos. La presidenta del país calificó de «ridículos» los montos que se cobran actualmente, argumento que respalda el ajuste al alza.

Los concesionarios plantean dos objeciones. La primera es de proporcionalidad: un canon calculado sobre ingresos, sin considerar la eficiencia espectral ni el valor de la banda, penaliza por igual a operadores con estructuras de costo distintas. La segunda es de sostenibilidad: el sector de radiodifusión enfrenta una caída estructural de ingresos publicitarios frente a las plataformas digitales, que usan el espectro móvil sin pagar el canon de radiodifusión.

La lectura de Tabuga Intelligence

Detrás del debate costarricense hay una pregunta que toda la región tiene pendiente: cómo se valora un bien público escaso cuando el mercado que lo utiliza cambió de forma. El canon de radiodifusión se diseñó para una economía donde la señal abierta concentraba la audiencia y la inversión publicitaria. Hoy compite con distribución por internet que no consume espectro concesionado y que captura una porción creciente del mismo presupuesto de anunciantes.

Tarificar el espectro tiene una función legítima más allá de la recaudación: desincentiva el acaparamiento y libera bandas para usos de mayor valor social. Esa función se cumple cuando el precio refleja el costo de oportunidad de la banda —su demanda alternativa, su cobertura, su capacidad—, no cuando se calcula como porcentaje de facturación del concesionario.

Para República Dominicana el caso ofrece un espejo útil. El Indotel administra un régimen de derechos de uso del espectro que combina montos fijos y variables, y el debate sobre su actualización aparecerá con la asignación de nuevas bandas. Adoptar desde ahora una metodología de valoración publicada, revisable y comparable con la práctica internacional evita que la discusión se plantee en términos de recaudación contra libertad de expresión, que es donde ambos lados pierden.

Fuentes